¿Guerra cibernética, guerra total?

La reciente filtración de los correos de la campaña demócrata para las presidenciales americanas -hackers rusos estarían detrás del robo de datos- ha evidenciado el potencial de la guerra cibernética en el mundo de hoy. Parece probado que las tensiones geopolíticas que enfrentan a las potencias de la escena internacional pueden derivar en el uso de ataques informáticos cruzados. Como es ya conocido en este último ejemplo los rusos buscarían desestabilizar a Clinton y potenciar la campaña del magnate Trump, más próximo a los intereses de Moscú.

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Los ataques informáticos pueden variar en grado de afectación en el Estado objetivo. Pueden ir desde el robo de emails confidenciales hasta tener implicaciones directas para los ciudadanos como el corte de subministro eléctrico o la inutilización de los servidores del sistema sanitario público. Por otro lado, la mayoría de ataques informáticos se dan en contexto de paz, como en el robo de e-mails de la campaña demócrata, pero también se pueden dar en un contexto de conflicto armado. Hasta ahora solo hay un precedente de ataque informático a gran escala con implicaciones tangibles para la población civil y en situación de guerra. En el marco del conflicto del este de Ucrania, en Diciembre de 2015, Rusia atacó la red eléctrica del país vecino dejando a miles de personas sin luz durante horas. Aun así la afectación de la red fue limitada y no duró más de 6 horas.

Sin embargo parece evidente que esta nueva arma puede ser potencialmente devastadora. La guerra cibernética representa un peligro real derivado de su capacidad para destruir sociedades enteras, la guerra total: desestabilizar al enemigo atacando a la economía productiva y financiera, a las instituciones sociales, a las infraestructuras estratégicas… al Estado en términos generales y por ende a los ciudadanos de a pie sin hacer ningún tipo de distinción entre objetivos militares y civiles.

Lo que puede generar más miedo al respecto es que no existen tratados que explícitamente prohíban o limiten el uso de la guerra cibernética. Este nuevo escenario parece especialmente preocupante para países pequeños o sin los medios para defender en el mundo virtual sus infraestructuras básicas. Así como en el pasado se financiaba a las oposiciones, se armaba a guerrillas o a grupos paramilitares y siempre quedaba la posibilidad de enviar tropas al lugar, hoy para hacer caer un régimen enemigo puede bastar con hacer colapsar su economía desde la distancia a través de un ataque informático.

Además, la guerra cibernética puede cambiar la definición que hasta ahora teníamos de conflicto armado.  Si el alcance e intensidad de un ataque informático, sus implicaciones humanitarias, fueran altos, este podría ser considerado por el Estado atacado como un acto de guerra paradójicamente sin que se hubieran utilizado armas convencionales, es decir, sin disparar un solo tiro. Esta posibilidad parece cada vez más real, internet es una medio más del campo de batalla que se añade a los clásicos tierra, mar y aire con la peculiaridad de haber sido inventado por el ser humano.

Por suerte, en contexto de conflicto armado, pese a la inexistencia de tratados que protejan explícitamente a estados pequeños o no poderosos de potenciales ataques informáticos, los límites de la guerra imponen la distinción entre objetivos militares y civiles, prohibiendo el ataque premeditado a estos últimos. En caso de conflicto armado, un ataque informático contra infraestructuras básicas de un Estado entraría en violación con este principio del derecho internacional humanitario.

También contamos con los principios de necesidad y proporcionalidad: el ataque a un objetivo militar solo puede ser justificado si este va a dar una ventaja decisiva al atacante y los daños causados no pueden ser desproporcionales en relación con el objetivo de buscar la rendición del enemigo infligiendo el mínimo sufrimiento posible. Así, la guerra total y la guerra cibernética cuando esta busca paralizar un Estado entero son por definición contrarias al derecho internacional.

Tampoco hay que olvidar que en la Carta de Naciones Unidas, que recoge el derecho sobre el inicio de hostilidades entre Estados, se prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales -con excepción del uso de la legítima defensa y de lo estipulado en el Capítulo VII-, proscribiendo implícitamente la posibilidad de agresión con un ataque informático. Pero también en contexto paz los ataques informáticos entrarían en violación con la Carta. Los Estados parte se comprometen a respetar la independencia y el derecho de autodeterminación de los pueblos haciendo de la no injerencia un pilar de las relaciones entre Estados.

En los tratados internacionales no se distingue entre uso de la fuerza clásico (cinético) y a través de la red (cibernético). Pero teniendo en cuenta el objeto y el fin de los mismos, su lectura debe adaptarse a los nuevos métodos y medios de guerra. De lo contrario se abre un espacio de inseguridad en el mundo donde la ley del más fuerte puede imperar a sus anchas sin ningún tipo de cortapisas, ni siquiera de tipo formal. No obstante, el peligro del excepcionalísimo que propugnan algunos Estados a la hora de interpretar el derecho internacional, algo que puede agravarse con la llegada de Trump a la Casa Blanca, merecería el redactado de un nuevo instrumento jurídico que limitara el poder de los grandes frente a los pequeños así como la capacidad destructora de la ciberguerra, el escenario bélico del siglo XXI. Esto ya se hizo en el pasado cuando aparecieron la guerra submarina o la aeroespacial. ¿Por qué no ahora?

AUTOR:

Adrià Rivera Escartin. 1993. Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la UPF. Actualmente, estudiante de máster en Derechos Humanos y Acción Humanitaria en Sciences Po Paris. Ha realizado prácticas en Médicos Sin Fronteras en Barcelona y en la Embajada Española en Líbano. Ha colaborado con Paris Globalist. Interesado en las relaciones internacionales y Derechos Humanos.

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